La Estrategia del Teatro

Para inducir el Plan Ecuador

Hugo Idrovo

El nazismo no murió en 1945,
vive en los EEUU con un nombre falso:
Democracy

 

Guayaquil, viernes 21 de octubre de 2022, 11 y 15 de la mañana. Voy caminando por calles del Barrio Orellana cuando, de pronto, un avión estadounidense de guerra electrónica Lockheed P-3 Orión pasa rugiendo a baja altura. Me detengo a cavilar:

Poco menos de un mes atrás, el 13 de septiembre, la general Laura Richardson, Jefe del Comando Sur de los EEUU, llegó a Quito, se reunió con el presidente Lasso en su despacho y por los dos días siguientes, dirigió la Conferencia Sudamericana de Defensa Southdec 2022, a fin de coordinar “mecanismos para la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico”. Seguidamente, el 20 de octubre, una delegación de 5 senadores estadounidenses liderada por Robert “Bob” Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara Alta del Congreso de los EEUU, se reunió en Carondelet con Lasso y sus más íntimos colaboradores. Los senadores prometieron su apoyo para enfrentar “la ola de inseguridad que atraviesa el país” y al “narcotráfico transnacional”, incidencia que, según palabras del político republicano de raíces cubanas Bob Menéndez, “es un tema que Ecuador solo no puede contrarrestar” (El Debate, 2022).

Los solícitos emisarios norteños ofrecieron también “vigorizar las relaciones comerciales” y “la conservación del medio ambiente en Galápagos”, para lo cual luego se trasladaron al archipiélago. Pero las Islas Galápagos y sus aguas patrimoniales, territoriales y adyacentes desde 2018 están siendo objeto de escrutinio y uso por parte de los EEUU, tanto desde el aire como por mar. Igual que lo hicieran cuando el FOL de Manta. ¡Y no precisamente con fines ambientalistas! A más de los aviones, numerosos buques de guerra electrónica de la clase Legend pertenecientes a la Guardia Costera de los EEUU (USCG por sus siglas en inglés) han sido vistos en Galápagos a partir de ese año, navegando dentro de la Reserva Marina e incluso fondeando frente a Puerto Baquerizo Moreno, isla San Cristóbal, donde se encuentra la sede de la II Zona de la Armada del Ecuador. Estos aviones y buques, equipados con la más moderna gama de armamento y tecnología bélica, únicamente rinden cuentas de sus actos al Comando Sur y el Departamento de Defensa de los EEUU.

El Comando Sur de los Estados Unidos (U.S. Southern Command) es un destacamento unificado de sus fuerzas armadas (USAF, U.S. Army, U.S. Navy, U.S. Marines Y USCG) destinado al control político y militar de América Latina y el Caribe. Para el efecto, proyecta recursos militares para mantener apretada la yunta con sus sumisos aliados y ejecutar maniobras contra los regímenes antiestadounidenses que se presenten en la región. También trabaja en conjunto con instituciones federales como las Aduanas y Protección Fronteriza de los EEUU (U.S. Customs and Border Protection), el Departamento de Seguridad de la Patria (U.S. Department of Homeland Security), la

Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés), la Administración de Control de Drogas (DEA), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

En el último lustro, en el Ecuador se ha venido repitiendo un libreto muy similar al impuesto por aquel convenio unilateral suscrito en 1999, durante la presidencia de Jamil Mahuad, que autorizaba a los EEUU la puesta en operaciones de la ingratamente recordada Base o FOL de Manta (FOL: Forward Operation Location). Así, el puerto de Manta, las Islas Galápagos, el espacio aéreo y mar territorial ecuatorianos estuvieron catalogados por Washington como “Áreas de Influencia del Comando Sur y la IV Flota Naval de los EEUU”. El vasallaje terminó en 2009, cuando el presidente Rafael Correa decidió no renovar el acuerdo.

¿Cómo pudo volver a suceder? Y sobre todo, ¿por qué? Revisemos los hechos en retrospectiva.

INDUCIENDO UN GRAN PROBLEMA

Siendo presidente Lenin Moreno Garcés, el 6 de enero de 2020 Francisco Carrión hizo pública la renuncia a su cargo de Embajador del Ecuador en los Estados Unidos. Justificó su decisión por estar en desacuerdo con un programa de misiones de vigilancia electrónica sobre territorio ecuatoriano, establecido desde septiembre de 2018 con aviones militares estadounidenses. Recalcó que los vuelos se estaban efectuando sin que exista un marco normativo bilateral indispensable para preservar la soberanía del Ecuador (Imbaquingo, 2020). Destapada la olla, el 16 de enero de 2020, el diario El Comercio publicó una entrevista al entonces Comandante General de la Armada del Ecuador, contralmirante Darwin Jarrín Cisneros, respecto a la existencia de algún convenio establecido para operaciones semejantes. Jarrín Cisneros indicó que “el apoyo evidentemente está viniendo de los EEUU. Si alguien nos ayuda de buena fe para cumplir con el control de los espacios marítimos en temas de control al narcotráfico, de contrabando de combustibles, de armas y pesca ilegal, para nosotros es bienvenido. (…) Nosotros tenemos las reglas y directrices que nos emiten del Comando Conjunto de las FF.AA., que es nuestro órgano superior, y el Ministerio de Defensa”” (Puente y Tipanluisa, 2020).

Jarrín Cisneros no precisó la existencia de ningún acuerdo; tan solo reafirmó su respeto al orden jerárquico castrense y a ponderar una “ayuda de buena fe” por parte del bueno del Tío Sam. Con esa respuesta, la otrora máxima autoridad naval expuso su desconocimiento -o soslayo- respecto a que el espionaje norteamericano, como operación fundamental para la conquista, la guerra y el dominio, es una estrategia que ha provocado terribles secuelas para cualquier nación del planeta. Y no se diga al Ecuador, las sempiternas injerencias imperialistas a través de su historia republicana han provocado un profundo atraso en su desarrollo, corrosiva dependencia, deterioro de sus valores culturales e irreconciliables divisiones.

Mantener un estado de guerra perpetua es fundamental para la supervivencia de los EEUU, por ello desde principios del siglo XX no cesa en su empeño de inocular en la humanidad la existencia de un permanente “enemigo de la democracia” al que hay que combatir y destruir. Después de la caída de la Unión Soviética y el comunismo, los EEUU señalaron al narcotráfico, el terrorismo y la inmigración ilegal como los actuales enemigos de su seguridad nacional.

Actualmente, EEUU mantiene alrededor de 1000 bases militares en el territorio de 130 países en los 5 continentes (Dufour, 2010). La mayor concentración de tropas y personal de inteligencia estadounidenses se ubica en el Medio Oriente y el Golfo Pérsico (Agencia AFP, 2020, donde están las segundas mayores fuentes de petróleo del mundo (Expansión Datosmacro.com, 2021). Y en Latinoamérica y el Caribe -sin contar a Puerto Rico-, el grueso de destacamentos militares yanquis se encuentra en la República de Colombia, vecino país en el que desde 1999 está implementado el tratado bilateral llamado Plan Colombia, supuestamente diseñado para hacer frente al narcotráfico y el crimen organizado. A raíz de ese año, EEUU instaló 7 bases para uso de sus fuerzas armadas: Cartagena, Malambo, Palanquero, Apiay, Bahía Málaga, Tolemaida y Tres Esquinas. Todo resultó ser una estratagema de los EEUU para instaurar el control geopolítico y geoeconómico en la región y tender un cerco contra la República Bolivariana de Venezuela (Cubadebate, 2016), nación poseedora de la mayor reserva de hidrocarburos del mundo (Expansión/Datosmacro.com, 2021).

El Plan Colombia se ha manifestado como un verdadero obstáculo para la erradicación real del narcotráfico. Al cabo de 23 años consecutivos de presencia militar estadounidense en Colombia, el narcotráfico no ha sido neutralizado ni detenida la maquinaria de producción de cocaína y la distribución fuera de sus fronteras. Por el contrario, año a año aumenta la inseguridad, el crimen y la pobreza entre su población. Esta situación se explica por el poder de los millonarios narcorubros destinados a lubricar al engranaje judicial y político de una nación para garantizar su impunidad.

Ofrecido este corto y necesario preámbulo, entremos en materia. ¿Por qué es tanto el interés de los EEUU en efectuar operaciones –supuestamente- para la “lucha contra el narcotráfico” desde Galápagos y el territorio continental ecuatoriano? Veamos:

EL PODER Y LA EXPERIENCIA

A fines de los años 70 en Nicaragua, la CIA puso en práctica tácticas de “guerra sucia” que con el devenir de los tiempos fueron perfeccionándose (Guzmán, 2018). Entre 1975 y 1979, durante los años de lucha del Frente Sandinista de Liberación Nacional para liquidar a la dictadura de Anastasio Somoza, una porción del territorio nicaragüense era zona de tráfico y producción de cocaína y sus derivados, cuestión que estaba en la mira de la Agencia entonces dirigida por George Bush padre. Los agentes secretos estadounidenses, al comprobar el enorme poder económico del narcotráfico, se apartaron de su misión de combatirlo y, por el contrario, se involucraron con él (Vásquez, 2018).

Gary Webb, periodista estadounidense ganador de un Premio Pulitzer, en 1999 denunció este caso en su libro The Dark Alliance (La Alianza Oscura). Webb describió minuciosamente de qué manera la CIA había llegado a un acuerdo con el narco nicaragüense para proteger la producción de cocaína e inducir su transformación al crack, una droga mucho más potente y mortífera. El crack, bajo el amparo de la CIA y las fuerzas armadas estadounidenses, fue transportado en secreto hacia los EEUU e introducido en grandes cantidades en barrios afroamericanos y latinos de Los Ángeles, Oakland y San Francisco, California. El negocio llegó a generar hasta 550 mil dólares diarios y sobre los 120 millones de dólares mensuales. La recaudación era lavada en Wall Street y una vez convertida en dinero legítimo volvía a Nicaragua para financiar la contrarrevolución comúnmente llamada La Contra (Webb, 1998). El libro causó tanta fama a su autor como asombro e interés en el mundo entero. Sin embargo y como era de esperarse, el poder contraatacó: Gary Webb fue víctima de una larga campaña de difamación que acabó con su reputación y capacidades laborales. Neutralizado tras implacable acecho, Webb salió de la vista pública y en 2004 fue encontrado muerto en su casa con dos balazos en la cabeza (Jones, 2005).

La experiencia ganada por la CIA en Nicaragua fue aplicada y refinada en Colombia entre 1981 y 1989, durante las dos administraciones presidenciales de Ronald Reagan y su vicepresidente George Bush padre, director de la Agencia en el periodo 1976-1977 (Encyclopaedia Britannica, 2018). De hecho, entre 1989 y 1993, Bush padre fue presidente de los EEUU, lo que indica que este agente secreto y estadista durante 18 años ininterrumpidos fue testigo de excepción en la época de mayor poderío e influjo de los carteles de la droga en Colombia (Escobar Moreno, 2020). Según reportes estadísticos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), entre 2018 y 2019 Colombia tuvo un notable incremento en los cultivos de hojas de coca (ONU: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2019). En consecuencia, el año 2021 arrojó evidencias que Colombia producía más cocaína que nunca en su historia, superando al monto de exportaciones que tuvo en la era de esplendor de Pablo Escobar Gaviria (G. Long, 2021). Actualmente, nuestro país vecino tiene el primer lugar en el mundo como productor de alcaloides e índices que marcan la mayor desigualdad social en América Latina (Forbes, 2020). Gajes del Plan Colombia y el ingreso de Colombia en la OTAN en calidad de socio global (France 24, 2018).

Y también está el caso de Afganistán. Apenas un mes después de los polémicos ataques del 11S contra el Pentágono y la ciudad de Nueva York, en octubre de 2001 los EEUU lanzaron la Operación Libertad Duradera (Operation Enduring Freedom) contra Afganistán (UIB, 2021). Como resultado, lejos de haber capturado a Bin Laden u otros líderes de Al Qaeda, lo que los invasores sí consiguieron fue financiar una escalada de guerra, descomposición social, corrupción y miseria que desembocó en una gigantesca crisis que justificó y alargó la ocupación militar de esa nación. De esa manera, el gobierno de EEUU emprendió otro millonario negociado a través de los carteles de droga locales. Antes de la invasión, hacia el año 2000, el régimen talibán en concordancia con los jefes tribales había limitado las áreas de cultivo de opio a 8000 hectáreas, pero, con la presencia yanqui, en 2016 se habían disparado a más de 216000 hectáreas que arrojaron una producción de 9000 toneladas anuales del narcótico. En 2017 Afganistán pasó a liderar la producción mundial de opio y sus derivados, morfina y heroína (Peláez, 2017). Gajes de la “libertad duradera”.

Otras evidencias apuntan a que en la ciudad de Miami se encuentra el mayor mercado de drogas de occidente y que EEUU lidera el número de consumidores de clorhidrato de cocaína y víctimas por sobredosis de opiáceos que hay en el mundo, sumario que supera a las 50 000 muertes anuales (AFP, 2017). Además, en los EEUU se encuentran los bancos más importantes ligados al blanqueo de dinero producto del narcocomercio (ACFCS, 2016). La oligarquía financiera norteamericana ha desarrollado políticas muy sofisticadas para sostener el poder global de los EEUU, mediante la recepción de fondos ilícitos provenientes del extranjero -que fluctúan entre quinientos mil millones y un billón de dólares anuales- y su posterior lavado e inversión en negocios legítimos o en bonos del Estado (Estulin, 2011). Al mismo tiempo, el estado de Florida alberga a lo más granado del crimen organizado estadounidense y Miami es sempiterno refugio de mercenarios, asesinos, dictadores, conspiradores y delincuentes de cuello blanco vinculados a la política latinoamericana de filiación neoliberal y ultraderechista (Bernardo, 2021). Gajes de la democracia.

Con estos antecedentes y datos armemos el silogismo: si el gobierno de los EEUU funge de protector de Colombia y benefactor de Afganistán (a pesar de la retirada de sus tropas en 2021), países líderes en producción y exportación de narcóticos y alcaloides; si a la vez el gobierno de los EEUU da curso a que en su propio suelo opere un sistema financiero corrupto e inmoral y, si este mismo gobierno desde 1945 ha generado un estado de guerra permanente a lo largo y ancho del planeta -escudado tras el sardónico eufemismo de “defensa de la libertad y la democracia”-, entonces: EEUU de América es un mega narcoestado terrorista, cínico por excelencia.

De ahí que nos preguntamos que, si so pretexto de “lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado”, ¿está EEUU calificado para efectuar misiones de inteligencia militar por cielo, mar y suelo ecuatorianos, en detrimento de nuestra soberanía, integridad territorial y vocación pacifista? Y, bajo la misma excusa, ¿es válido que fuerzas militares y federales estadounidenses hayan sido autorizadas por el ex presidente Lenin Moreno y su sucesor Guillermo Lasso para operar sin restricciones desde aeropuertos ecuatorianos y las Islas Galápagos? La Constitución de la República del Ecuador vigente desde 2008 indica textualmente en su Artículo 5: “El Ecuador es un territorio de paz. No se permitirán los establecimientos de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjera”. Letra muerta.

 

FELONÍA Y SUMISIÓN, 2017

A partir de junio de 2017 Lenin Moreno Garcés impulsó un proceso político que renegó de los compromisos que defendía en campaña e incumplió el Plan de Gobierno que lo llevó a la Presidencia de la República. Moreno repudió a sus millones de electores, ignoró los mandatos constitucionales, se declaró abiertamente afín a los intereses de los EEUU y pactó con el neoliberalismo defendido por las más virulentas fuerzas conservadoras y reaccionarias del Ecuador. Fue un acto de traición sin precedentes, que se sustentó en la corrupción judicial e institucional, la mentira sistemática respaldada por la prensa hegemónica y la persecución implacable a sus viejos compañeros de lucha. De esta manera, los acontecimientos se sucedieron con extraordinaria rapidez.

El 3 de enero de 2018, afectado por controvertidas acusaciones (lawfare), fue destituido y encarcelado el Vicepresidente de la República democráticamente electo, Jorge Glas Espinel; el 28 de enero se verificó un inédito “atentado terrorista” contra un cuartel de la Policía Nacional en la localidad de San Lorenzo, provincia de Esmeraldas (Redacción BBC Mundo, 2018); el 31 de enero se destacó la presencia de agentes del FBI en el lugar de los hechos para, según dijeron, contribuir en “hallar rastros” de los sospechosos (Torres, 2018). Otros “ataques terroristas” atribuidos a “guerrillas transnacionales” se repetirían entre el 17 y 26 de marzo en poblaciones de la provincia de Esmeraldas cercanas a la frontera con Colombia, causando docenas de heridos y pérdidas de vidas.

El 27 de febrero de 2018, al mes de iniciada aquella sorpresiva (léase inducida) escalada de violencia en la frontera norte, el Subsecretario de Estado para Asuntos Políticos de los EEUU en el Hemisferio Occidental, Thomas A. Shannon Jr., arribó a Quito para reunirse con Moreno y el entonces presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano. Llegó con la finalidad de “fortalecer la relación bilateral y la colaboración en áreas de interés mutuo, asuntos comerciales y de inversión, la cooperación antinarcóticos y asuntos regionales e internacionales” (Redacción Elcomercio.com, 2018). ¿Quién es Shannon? Un sagaz diplomático que sirvió tanto a gobiernos republicanos como demócratas en su nación; tuvo participación en el golpe militar en Honduras que defenestró al presidente Zelaya (2009); organizó los “golpes parlamentarios” que destituyeron a los mandatarios Dilma Roussef en Brasil (2016) y Fernando Lugo en Paraguay (2012). También, en 2002, mientras se desempeñaba como Director de la Oficina de Asuntos Andinos del Departamento de Estado de EEUU, estuvo implicado en la fallida asonada contra el presidente constitucional de Venezuela Hugo Chávez (Weisbrot, 2018). Todo un “gambler”.

Parece que los chicos del FBI y la CIA pusieron inmediatamente en acción las instrucciones dejadas por Shannon, pues entre el 16 y 20 de marzo se desató una serie de quirúrgicos bombazos, atribuidos a “grupos irregulares” en las localidades fronterizas de Borbón, Alto Tambo, El Pan y Mataje, este último con la muerte de tres soldados del Ejército (Agencia EFE, 2018). Acto continuo, el 26 de marzo se efectuó un encuentro oficial entre el ex ministro de Defensa Patricio Zambrano Restrepo con una delegación estadounidense conformada por el teniente general Joseph DiSalvo, subcomandante del Comando Sur y la embajadora Liliana Ayalde, Subcomandante Civil y asesora de Política Exterior del Comando Sur (PLAN V, 2018). A raíz de esta reunión, a Washington se le otorgarían facilidades para intervenir en estrategias de seguridad interna del Ecuador y realizar “actividades aéreas antinarcóticos” desde instalaciones aeroportuarias civiles y militares ecuatorianas.

Coincidentemente, aquel mismo 26 de marzo en un área fronteriza con Colombia, se cometió el secuestro y posterior asesinato de tres reporteros del diario capitalino El Comercio. La tragedia aceleró a Moreno para anunciar su retiro como garante de los procesos de paz entre el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (DW, 2018).

A renglón seguido, el 28 de abril, Lenin Moreno designó como nuevo Ministro de Defensa a Oswaldo Jarrín Román.

CONVITE CON EL COMANDO SUR

El ex ministro de Defensa Oswaldo Jarrín Román, General de División del Ejército en servicio pasivo, tuvo experiencia previa en esa misma Cartera de Estado entre 2005 y 2006, en tiempos de la accidental presidencia de Alfredo Palacio. Durante su carrera militar, Jarrín asistió a cursos en el Colegio Interamericano de Defensa en Washington D.C. y el Instituto Internacional de Contra-Terrorismo de la Universidad Herzliya en Israel (Ministerio de Defensa, 2019). Es autor del Libro Blanco de la Defensa Nacional, un tratado que propone políticas de Defensa desde la óptica de las Fuerzas Armadas ecuatorianas en total concomitancia con los objetivos estratégicos y lineamientos del militarismo estadounidense para la región (Ministerio de Defensa Nacional, 2019).

Ni bien Jarrín se familiarizaba con su despacho cuando, el 3 de mayo de 2018, el Ecuador recibió equipamiento tecnológico por parte del Programa de Asistencia Antiterrorismo del Departamento de Estado de los EEUU (U.S. Mission Ecuador, 2018). Los insumos fueron provistos con la intención de “intercambiar información y experiencias para la lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes y combatir la delincuencia organizada transnacional” (El Universo, 2018). Seguidamente, el 21 de mayo, Jarrín mantuvo reuniones con el Subsecretario Adjunto de Defensa de los EEUU para Asuntos del Hemisferio Occidental, coronel (SP) Sergio de la Peña, funcionario a cargo de la aplicación de las políticas estadounidenses de seguridad para la región y supervisor de la asignación de recursos económicos para programas de cooperación del Comando Sur (El Universo, 2018).

Con la alfombra roja bien lavada, el 27 de junio entró a Carondelet el vicepresidente de los EEUU Mike Pence en visita oficial. Durante su estadía formalizó un acuerdo de Cooperación en Materia de Seguridad, con carácter militar bilateral, para reforzar “la capacidad del Ecuador en su combate contra las amenazas compartidas del crimen organizado transnacional y los desastres humanitarios” (El Universo, 2018). Y como nada es gratis, se procedió la reapertura de la Oficina de Cooperación en Seguridad de la Embajada de los EEUU, que había sido clausurada en 2014 durante la administración presidencial de Rafael Correa (El Comercio, 2019). Así quedó expedito el arribo de aviones militares y federales estadounidenses para que, en teoría, sirvan de apoyo a la Armada ecuatoriana en las susodichas “actividades aéreas antinarcóticos” (El Universo, 2018).

El 3 de septiembre de 2018, María Paula Romo fue posesionada como Ministra del Interior. A ella correspondió, el 5 de septiembre de 2018, en compañía del ex embajador de los EEUU, Todd Chapman, y el ex ministro Jarrín, dar la bienvenida a los primeros Orión en la Base Aérea Simón Bolívar en Guayaquil. En rueda de prensa celebrada en dicho reparto militar, Jarrín puntualizó que estos “van a sobrevolar espacios que son restringidos y aún prohibidos, pero que están autorizados por el Estado ecuatoriano, el Ministerio de Defensa y la Cancillería en particular” (Ministerio de Defensa Ecuador, 2018). Inmediatamente después de este acto Jarrín viajó a los EEUU, a fin de mantener reuniones de trabajo con el jefe del Comando Sur almirante Kurt W. Tidd y “coordinar misiones” para los Orión (El Universo, 2018).

Los aviones yanquis actualmente operativos en el Ecuador pertenecen a inventarios de las agencias federales U.S. Customs and Border Protection (Aduanas y Protección de Fronteras) y el U.S. Department of Homeland Security (Departamento de Seguridad de la Patria). Esta última institución fue creada después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York para prevenir futuros ataques contra el territorio de los EEUU y reforzar la seguridad interna de la nación. La Doctrina de Seguridad emitida por los EEUU en 2001, promueve anticiparse a las intenciones de sus adversarios y justificar cualquier acto bélico que resulte de ello como “legítima defensa preventiva”.

Tras siete meses continuos de operaciones de los Orión desde Guayaquil, Salinas o Manta, el jueves 25 de abril de 2019, en dependencias del Ministerio de Defensa Nacional Oswaldo Jarrín se reunió con el nuevo jefe del Comando Sur de los EEUU, almirante Craig Faller. Su antecesor, el almirante Tidd, en su discurso de cambio de mando instó a potenciar la continuidad de su misión en Latinoamérica, región que es considerada como “crítica” para la seguridad de los EEUU y a la vez proteger su “soberanía” ante la penetración china, pues, “cada vez que les das una pulgada ellos se toman una milla” (EFEUSA, 2018). Una vez terminada la reunión con Faller, Jarrín manifestó a la prensa su complacencia por estrechar la cooperación con los EEUU en la lucha contra el narcotráfico mediante “un monitoreo continuo en el país” a cargo de los Orión. (El Comercio, 2019).

El compromiso con el jefe del Comando Sur fue ratificado por Jarrín el 26 de septiembre de 2019, en un acto formal que se celebró en Puerto Baquerizo Moreno, isla San Cristóbal, Galápagos. Ese día la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), con anuencia de la Armada del Ecuador, hizo entrega oficial al Ministerio de Defensa Nacional de un terreno de 10.000 m2, en predios del Aeropuerto de San Cristóbal, para dar facilidades de hangares, mantenimiento y repostaje a los Orión, así como espacio para la potencial construcción de instalaciones aptas para alojamiento de tripulantes y personal de tierra. En su discurso, Jarrín calificó a la isla San Cristóbal como vértice de un “triángulo de seguridad” que vigilará rutas que utiliza el narcotráfico (Rosero, 2019). Recalcó, además, que “Galápagos es para Ecuador como nuestro portaviones, es nuestro portaviones natural, porque nos asegura permanencia, reabastecimiento, facilidades de interceptación y está a mil kilómetros de nuestras costas” (Robalino, 2019).

Lo expuesto por Jarrín no fue nada original. Tampoco el mentado “triángulo de seguridad” simultáneamente anunciado por el Alto Mando de la Armada, y que estaría conformado por San Cristóbal como vértice principal y los puertos de Esmeraldas, Guayaquil o Manta, con proyecciones a Posorja y Puerto Bolívar-. En realidad, ambos vocablos provienen de tiempos de la Segunda Guerra Mundial, durante la ocupación estadounidense de Salinas y las Islas Galápagos. En 1942, el teniente general Frank M. Andrews, jefe del Comando de Defensa del Caribe, declaró que “Seymour Island is our giant rocky flat top” (Idrovo, 2013). La Armada de los EEUU apoda “flat top” a sus portaviones; traducido: “la isla Seymour (Baltra) es nuestro gigantesco portaviones de roca”. El “Triángulo de Seguridad” o “Security Triangle”, así llamado desde 1942 por la 6th Air Force para la defensa del Canal de Panamá por el lado del Océano Pacífico, estaba conformado por Corinto, Nicaragua – Base Alfa, Isla Baltra – Base Beta y Salinas -Base Gamma (Idrovo, 2013). El ex ministro Jarrín, al repetir textualmente lo dicho por los yanquis hace 80 años en su afán por posesionarse del archipiélago ecuatoriano, nos regresó a una era de entreguismo y vergüenza.

 

EL LOCKHEED P-3 ORIÓN

Es un cuatrimotor turbohélice de fabricación estadounidense diseñado para el reconocimiento y patrullaje oceánico, guerra antisubmarina y vigilancia electrónica. Lleva una tripulación de 11 hombres, 3 de ellos al mando y 8 especialistas en armamento, sistemas de radar multimodo y electro óptico, aerofotografía, detectores infrarrojos y sensores de anomalías magnéticas. Detectan y rastrean embarcaciones de superficie o sumergidas y aviones que se encuentren volando a cualquier nivel de altura sobre el mar o tierra firme. También interceptan comunicaciones que se realicen en cualquiera de las áreas geográficas que estén dentro de su radio de acción. Como corresponde a una aeronave militar de combate, aparte de su tripulación de vuelo dispone de personal de tierra civil y militar -exclusivamente estadounidense- para su operatividad. Se trata de un apreciable número de personas y soldados con responsabilidades diversas: contingencia y protección de incendios, seguridad de vuelo, seguridad en pista, seguridad aeroportuaria, seguridad en tierra (unidades capacitadas para acción militar y respuesta bélica en pista, plataforma y línea de vuelo), mantenimiento (planta motriz, aviónica, radares, armamento, estructura, neumáticos, etc.), repostaje y abastecimiento, alimentación y alojamiento de tripulaciones. Esta aeronave exige el concurso de no menos de 30 almas para entrar en acción.

Lockheed P-3 AEW Orión del U.S. Customs and Border Protection. (Archivo del autor)

Adicionalmente, y tal como fue en tiempos del FOL de Manta, al personal de tierra se suma un grupo de controladores de tráfico aéreo -también estadounidense- cuya tarea radica en establecer contacto, desde la torre de control del Aeropuerto José Joaquín de Olmedo (Guayaquil Torre, GT), Manta o Galápagos-San Cristóbal, con la tripulación de cada Orión que salga o ingrese a suelo ecuatoriano. Es una condición ineludible. Los controladores o “torristas” ecuatorianos acreditados por la DGAC no están autorizados a hacerlo. La comunicación se efectúa en inglés codificado y los códigos varían en cada misión. De esta manera, EEUU mantiene sigilo y secreto en todo momento, tanto de los nombres de las tripulaciones, como de la ruta a seguir y el resultado de datos recibidos a bordo, destino final o procedencia de cada vuelo. No hay variante con lo que sucedió en el FOL de Manta. Las tripulaciones, de acuerdo -o no- a lo que presenten a la DGAC en su plan de vuelo, únicamente se comunicarán con GT al alcanzar precisos puntos de chequeo obligatorios (MIBAR) que se encuentran al límite de las 12 millas del mar territorial ecuatoriano. Sobrevolado este punto, de ahí en adelante el contacto con el Ecuador se perderá, pues el Orión cambiará su frecuencia radial al ingresar en el mar adyacente, la zona económica exclusiva y aguas internacionales. Igual a la inversa, si su ruta es hacia el Ecuador, tan solo se notificará con Guayaquil Torre desde aquel MIBAR. A lo largo de su misión se comunicará y recibirá órdenes directamente desde los EEUU o cualquiera de las bases en Centro y Sudamérica que están bajo control del Comando Sur. Los Orión no están obligados a retornar a su punto de partida en el Ecuador; obedecen tan solo a las directrices del Comando Sur. De ese modo, pueden despegar y volar directa y libremente hacia cualquiera de sus bases en Colombia, Centroamérica o Panamá. Y viceversa. Si es ese el caso, otros aviones asignados a esas bases podrán salir y aterrizar a discreción en Guayaquil en reemplazo o apoyo del aparato que partió horas o días antes a patrullar.

Abramos un paréntesis histórico: antes de la entrada de los EEUU en la Segunda Guerra Mundial (1937-1941), en el Ecuador volaba la aerolínea SEDTA, filial de la Deutsche Luft Hansa, enlazando exitosamente a las principales ciudades del país. Obviamente, con tripulaciones y equipos alemanes. La Casa Blanca se alarmó, reclamó airadamente y consiguió liquidar a la aerolínea en diciembre de 1941, aludiendo que los aviadores europeos, so pretexto de dar un servicio de transporte de pasajeros, en realidad estaban realizando misiones de espionaje y reconocimiento que pondrían en riesgo la seguridad del Hemisferio (Idrovo, 2013). Todo ladrón juzga por su condición.

Continuemos. Ahora bien, si un oficial ecuatoriano aborda un avión federal o militar estadounidense para alguna misión, ésta será de carácter nacional, como un vuelo de patrulla de ida y vuelta a Galápagos. La tripulación a bordo se someterá a las delimitaciones que establece la CONVEMAR, pues EEUU nunca reconoció la soberanía ecuatoriana sobre las 200 millas marinas establecidas en el Tratado de Santiago de 1952. De ese modo, durante el vuelo, el compatriota podrá participar de las operaciones únicamente sobre las 12 millas del Mar Territorial y las 12 millas adicionales del Mar Adyacente; más allá de esos límites quedará sin opción a recibir información en caso de alguna eventualidad o detección sospechosa (Idrovo, 2013). Mientras el Orión vuele sobre aguas ajenas al Ecuador (como la Zona Económica Exclusiva o aguas internacionales), la sección donde trabajan los especialistas estará vedada para él. Será un pasajero sin voz ni voto y ocupará un asiento destinado al observador en misiones de búsqueda y rescate. Así hasta que el avión reingrese a mar territorial ecuatoriano, sea en la región insular o continental.

 

ECUADOR, EL PLAN COLOMBIA Y LA FTC-BRAVO, HONDURAS

La verdadera y oculta intención de los EEUU para estos vuelos radica en un proceso de fortalecimiento de su supremacía militar y económica en áreas marítimas del Pacífico Sur y Centroamericano. Los Orión que operan desde la Base Aérea Simón Bolívar de Guayaquil están diseñados para efectuar vuelos directos desde esa estación, Galápagos (Baltra o San Cristóbal), Salinas o Manta, hacia bases estadounidenses del Plan Colombia como Palanquero (distante a 1.796 kms.), Bahía Málaga (1.483 kms.) y Apiay (1.858 kms.) o a la Base Aérea José Enrique Soto Cano, en Honduras (1.705 kms.). La base Soto Cano está ubicada en la localidad de Palmerola, Departamento de Camayagua, a 97 kilómetros al norte de Tegucigalpa. Es sede de la Academia Militar de Aviación de la Fuerza Aérea Hondureña y centro de operaciones de la Joint Task Force-Bravo, JTF-Bravo (Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo, FTC-Bravo), un enclave fundamental para el Comando Sur de los EEUU, pues desde allí coordina todas las misiones militares y ejercicios multilaterales que se llevan a cabo en Centroamérica, Panamá y Colombia (Downey, 2020).

Lockheed C-5 Galaxy de la USAF en la Base Aérea Soto Cano, Honduras. (Archivo del autor)

La presencia militar estadounidense en Honduras se remonta a 1983, en pleno auge de la política exterior de la administración Reagan centrada en “apoyar el interés militar y político de los EEUU en América Central amenazada por la expansión comunista”. En enero de 1986 el vicepresidente en funciones de los EEUU, George Bush padre, visitó Honduras a fin de estimular a sus aliados y compatriotas para enfrentar la “amenaza sandinista” que se cernía en la frontera. En esa año la CIA llevaba casi una década de señorío en la región y hacía cuentas de sus utilidades: casi el 100% de la cocaína y el 75% de la marihuana que se consumía en los EEUU provenían de América Central y Colombia (Downey, 2020).

A partir de 2009, después del golpe de Estado apoyado por Washington que destituyó a Manuel Zelaya, presidente constitucional de Honduras, la FTC-Bravo fue repotenciada y amplió su influencia a Belice, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, donde supervisa los intereses estadounidenses en la Zona del Canal (Downey, 2020). La caída de Zelaya condujo a Honduras a una vertiginosa crisis política y social que en 2014 desembocó en la discutida elección de Juan Orlando Hernández a la Presidencia de la República. Cuánta satisfacción habrá generado esta situación al ex presidente Donald Trump, que en 2019 felicitó a Juan Orlando por su “excelente labor” y calificó a Honduras como “país amigo en la región” (BBC News Mundo, 2019). Sin embargo, el 30 de marzo de 2021, Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano menor del mandatario hondureño fue capturado en Miami y sentenciado a purgar cadena perpetua en EEUU por tráfico de cocaína. El juez federal que sentenció a Tony recalcó que «Honduras es uno de los principales lugares de trasbordo de drogas en el mundo y uno de los lugares más violentos del planeta» (Agencia Reuters, 2021). Y para embellecer más al anecdotario de este edén centroamericano, en abril de 2022 el ex presidente Juan Orlando Hernández, imputado por narcotráfico y enriquecimiento ilícito, fue extraditado a los EEUU y arriesga purgar una condena igual a la de su ñaño Tony. Gajes de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo.

 

CUESTIÓN DE SUPREMACÍA Y SUPERVIVENCIA

El 12 de febrero de 2020, Lenin Moreno viajó a Washington para reunirse con Donald Trump. En un marco de jovial sumisión, el ex vicecanciller Cristian Espinoza declaró que “la relación que actualmente Ecuador tiene con Estados Unidos lo coloca en una mejor posición ante el mundo«. Precisó también la reorientación de su política exterior, ya que «había un deterioro en ciertas áreas”, y que esta «se viene solucionando, pero lleva tiempo» (Redacción Web El Telégrafo, 2020). En realidad no les llevó mucho tiempo. Aquella reunión en la Casa Blanca cerró un círculo que empezó con el “primer atentado terrorista de la historia del Ecuador”, suscitado en San Lorenzo aquel 28 de enero de 2018.

Y como se examinará más adelante, a partir de esa fecha fue creado el clima adecuado -con la consiguiente tramoya mediática y judicial- para que, después de una década (2007-2017) de ejercicio del poder republicano sustentado en la soberanía y progreso, el Ecuador vuelva a caer bajo el yugo servil del FMI, el Comando Sur y el Departamento de Estado de los EEUU.

Involucrarse con los EEUU en una supuesta lucha contra el narcotráfico o el terrorismo significa involucrarse de lleno con el Pentágono y las agencias de seguridad interna estadounidenses. Significa la inminente implantación de un plan de dominio cuyas consecuencias serán siniestras. En primer lugar, la CIA, entidad que solo rinde cuentas (si son exigidas) al Presidente de los EEUU, daría mayor fortaleza a sus millonarias transacciones con el narcotráfico a nivel regional al tener al Ecuador como un puntal más para el cometimiento de sus saqueos. De hecho, un alto porcentaje de los recursos monetarios que la Agencia obtiene de sus latrocinios son utilizados en Latinoamérica para financiar                                         golpes de Estado y            operaciones clandestinas, financiamiento a ONGs, fundaciones transnacionales y grupos paramilitares, compra de conciencias a jueces, periodistas y caricaturistas, sobornos a políticos de izquierda y dirigentes indígenas o sindicales, reclutamiento, estipendio y sustento de informantes, financiamiento de sabotajes, eliminación de detractores, etc. Más claro: “guerra sucia”.

Un segundo elemento es que el Ecuador pasaría de cómplice a víctima del espionaje de ciencia satelital desplegado por los servicios de inteligencia estadounidenses. El ex agente de la CIA Edward Snowden -exiliado por denunciar el ilegal sistema global de vigilancia masiva emprendido por los EEUU- en su libro Vigilancia Permanente enfatiza que “más allá de toda justificación, en realidad, esta guerra no es contra el narcotráfico o el terrorismo. Esa es la excusa. Esto se trata de control económico y social, y lo único que se persigue es mantener la supremacía del gobierno de los Estados Unidos” (Snowden, 2019). Ciertamente, todos los datos detectados actualmente a diario en el Ecuador por la U.S. Embassy, los buques de la USCG y los aviones espías, son simultáneamente enlazados con el Centro Espacial de Guerra de la Base Schriever de la Fuerza Aérea de EEUU en Colorado Springs; con el Cuartel General de la CIA, en Langley, Virginia; con la sede del Comando Sur en Miami, Florida, y muy especialmente, con la oficina central de la NSA en Fort Meade, Maryland.

La National Security Agency, NSA, se encarga de controlar comunicaciones de toda índole consideradas tanto ofensivas como defensivas. Para ello dispone de una red de satélites orbitales y de geoposicionamiento que hacen de esta Agencia el sistema de seguridad más sigiloso, sofisticado y poderoso a la escucha de todo lo que sucede en el mundo. Cualquier conversación o notificación efectuada a través de correos electrónicos, redes sociales, telefonía celular o fibra óptica es captada por estos satélites y cotejada en tiempo real por computación paralela de alta velocidad ubicada en Fort Meade. Allí, equipos de especialistas decodifican los datos, identifican y localizan por GPS a cada habitante del planeta considerado como sospechoso o amenaza para la seguridad de los EEUU. La información obtenida es finalmente organizada y clasificada en “listas de seguimiento” que son enviadas a través de líneas seguras a la comunidad de inteligencia de los EEUU instalada en sus embajadas o instalaciones militares allende los países anfitriones. El resto es pura acción y reacción.

La efectividad de este sistema quedó evidenciada a raíz del ataque de la aviación militar y tropas colombianas al territorio fronterizo de Angostura en marzo de 2008, cuando aún estaba operativo el FOL de Manta. Inmediatamente después de aquella incursión, en abril, en el Ecuador fue descubierta y neutralizada una red de informantes reclutados por la CIA que estaban infiltrados en la Dirección General de Inteligencia (DGI), la Unidad de Investigaciones Especiales (UIES) de la Policía, la Jefatura de Inteligencia del Ejército y entre altos mandos de las Fuerzas Armadas (El Telégrafo, 2013).

Con la entrega de facilidades a los EEUU para operar libremente con sus buques y aviones militares desde territorio continental y las Islas Galápagos, el Ecuador se ha involucrado con las guerras dialécticas y comerciales del Plan Colombia y la FTC-Bravo, al ser el archipiélago una atalaya incomparable para el control del corredor del narcotráfico que fluye permanentemente por el Pacífico Sur. Por el lado del Mar Caribe y Golfo de México lo tienen todo resuelto, es su “lago privado”. Es por ello que para el Tío Sam es imperativo controlar esta región, donde está su más preciada mina de oro: el enorme flujo de cocaína que ingresa a Centroamérica desde costas colombianas y ecuatorianas para luego ser distribuida entre los carteles mexicanos de Tijuana, Sinaloa, Juárez y Guanajuato, los que a su vez satisfacen la voraz y ultramillonaria demanda al interior de los EEUU.

 

UNA MORTAL TRILOGÍA

Los fundadores de la “guerra antinarcóticos”, Ronald Reagan y George Bush padre, no vislumbraron el torrente de violencia, corrupción y tragedia que causaron con su doctrina. Lo que sí consiguieron fue que su nación pueda refinar las más surtidas argucias tecnológicas para usufructuar del dinero fruto de la ilegalidad. Por ello, con particular e increíble cinismo, la Casa Blanca maneja la propaganda ocultando sus verdaderas intenciones tras cacareados rodeos como el “mantenimiento de la paz y seguridad en la región”, “protección de la libertad y democracia”, “vigorización del estado de derecho”, “respaldo en caso de desastres naturales”, “ayuda humanitaria” o “conservación del medio ambiente”. Y no se diga, “lucha contra el narcoterrorismo y la delincuencia transnacional”. Sin esa gama de distracciones, sin Hollywood o CNN, los EEUU apenas podrían ocultar la tenebrosa verdad que los desespera: si llega a fracasar o desaparecer la alineación Drogas-CIA-Wall Street, su sistema financiero caerá y arrastrará a la economía mundial a un derrumbe sin precedentes (Rodríguez, 2008).

Mientras esta poderosa e impenetrable componenda exista no se va a eliminar el narcotráfico en el mundo. Y en lo que respecta al Ecuador, tal como aconteció en los aciagos años del FOL de Manta, a lo sumo y para satisfacer las expectativas ciudadanas, un mínimo de operativos muy bien seleccionados se han de realizar. Caerán laboratorios abandonados, esbirros de poca monta y unas cuantas toneladas sacrificadas como pantallazos. Pero eso sí, difícil será que algún pez gordo vaya a caer. Seguirán libres los más avispados capos, los productores de mayor rango y los elegantes banqueros lavadores del dólar ilegal que dan perpetuo movimiento a aquella hermética y letal trilogía. Y para remate, permanecerán incógnitos e intocables los jefes narco estadounidenses que compran el material importado de Colombia o Afganistán. Seguirán a la sombra, gozando de protección, los Chapos y Escobares gringos que desde Miami, Chicago, Los Ángeles o Nueva York lideran a esa oscura red que maneja la gigantesca demanda, importación y distribución de drogas al interior de los EEUU. Así son las reglas del juego: nadie osa tocar al perro de Hades, ese macabro sistema cancerbero que garantiza la supervivencia y supremacía del único y verdadero imperio del mal.

En 2018 los EEUU promovieron el fracaso del Acuerdo de Paz de 2016 alcanzado por el gobierno de Colombia y las FARC, y en 2019 boicotearon los diálogos entre el ELN y delegados del presidente Duque en La Habana, provocando una nueva escalada de guerra y violencia en Colombia (Rodríguez, 2020). La paz no es conveniente para el Tío Sam, sino eternizar su presencia militar en Latinoamérica para desvalijar sus riquezas naturales y minerales y cubrir sus negociados con el narcotráfico. Esta es la razón que hace imposible alcanzar la tan anhelada concordia entre las fuerzas antagónicas que agobian a Colombia, peor aún después de su ingreso a semejante maquinaria bélica que es la OTAN (FRANCE 24, 2018). Muchos latinoamericanos y ciudadanos del mundo entero aspiramos a que el presidente Gustavo Petro consiga revertir esa situación.

 

EL ECUADOR DEL ENCUENTRO NEOLIBERAL, 2017-2023

En tiempos de guerra la verdad es tan preciada que siempre debe ser cuidada
por un guardaespaldas de mentiras. Winston Churchill

 

A raíz aquel bombazo en San Lorenzo del 28 de enero de 2018 (un típico atentado de bandera falsa) se puso en marcha la ejecución de un plan insidioso que no escatima sino que, más bien, exige el sacrificio de vidas. Un letal procedimiento que ha comprobado su efectividad en cada país y ocasión que se presente. Para que la imposición forzosa de un estado policial, ocupación militar o absolutismo no sean cuestionados ni obstruidos por la ciudadanía, primero hay que crear el clima de miedo adecuado y una razón que lo justifique. Después hay que activar una propaganda permanente que magnifique el miedo y la inseguridad hasta llevar a la colectividad al colapso nervioso y el sometimiento total. La política rastrera y centrales de inteligencia criollas (aupadas por la CIA y el FBI) mueven sus fichas en contubernio con la prensa corporativa, tarifando a periodistas y medios de comunicación hegemónicos para construir una “realidad” que sea aceptada y defendida por la opinión pública. Ya lo precisó Walter Lippman: “las noticias y la verdad no son la misma cosa”.

Hablemos sin ambages: el agobiante grado de vulnerabilidad al que han abocado al Ecuador ha sido perversa y científicamente planificado; fue concebido por políticos neoliberales de ultraderecha peones del imperialismo y militares neofascistas. Está cimentado por las élites mediante la desinformación taladrada a diario por sus medios de comunicación. La situación actual nos ha expuesto a un terror pandémico capaz de aceptar con indiferencia cualquier medida extrema que se tome desde los organismos gubernamentales: estados de excepción, brutal represión, toques de queda, cercos y alambradas alrededor de edificios públicos, presencia del ejército con equipo bélico dentro de las urbes, libertad de acción a la fuerza pública para ingresar a domicilios, propiedades privadas y oficinas, “batidas” o cacheos callejeros, detenciones arbitrarias y un largo etcétera de abusos del poder. Así se fundamenta la estrategia del teatro.

Los EEUU iniciaron oficialmente sus actividades de vigilancia electrónica desde las Islas Galápagos el miércoles 5 de mayo de 2021. Ese día, un Orión procedente de Guayaquil aterrizó en el Aeropuerto de San Cristóbal llevando al embajador Michael Fitzpatrick, quien fue adulonamente recibido por el ex ministro Oswaldo Jarrín y el ex comandante de la Armada Rafael Poveda. En aquella ocasión, el diplomático yanqui declaró sin rubor alguno que “la información que se genera en el Orión P-3 no tiene ningún valor para el gobierno americano, solamente tiene valor en las manos del gobierno ecuatoriano” (Rosero A.B., 2021). Indigna y repugna tanta hipocresía; el Tío Sam hace lo que le da la gana, aún sin anuencia constitucional.

El 3 de diciembre de 2022, antes de las 2 de la tarde, fui testigo presencial del aterrizaje en San Cristóbal de un avión estadounidense muy distinto al P-3 Orión, aunque de similares características bélicas y tecnológicas. Me dirigí al aeropuerto para verlo de cerca e identificarlo. Se trató de un Bombardier DHC-8 Q300 del U.S. Customs and Border Protection de la división Air and Marine Operations.

Bombardier DHC-8 en la Base Aeronaval San Cristóbal, Galápagos. (H. Idrovo)

Al igual que los Orión, los DHC-8 están equipados con un sistema de sensores escáner láser del tipo LIDAR (Light Detection and Ranging). Este sofisticado equipo permite hacer barridos de captura masiva sobre la superficie terrestre y obtener imágenes de todo lo que se encuentra oculto por la espesura del follaje selvático o tropical. Sí, amable lector, cada vivienda de caña, madera o concreto, caminos o senderos, maquinarias, laboratorios de procesamiento de narcóticos, gente, animales de carga, todo queda nítidamente visible en las pantallas como si estuviesen a flor de tierra. Tal como órganos y huesos quedan completamente expuestos a los rayos X. Saque usted sus propias conclusiones.

Para los Estados Unidos de América no hay rival ni secretos sobre el planeta Tierra, pero los secretos de los déspotas tarde o temprano quedan al descubierto. Hoy por hoy, volvieron a apuntalar un nuevo “Security Triangle” en Latinoamérica, esta vez con sus vértices en Galápagos (San Cristóbal), Honduras (Base Aérea Soto Cano) y Ecuador (Guayaquil). Ya pueden solazarse en controlar a voluntad esa inmensa área del Pacífico Sur y Centroamericano por donde circula el millonario y caudaloso flujo del alcaloide que contribuye a garantizar su supervivencia.

El tejido de caos y violencia cotidiana, indescriptible corrupción policial, degradación moral e institucional, inseguridad, desmoralización y desconfianza ciudadana, fueron inducidos estratégicamente en el Ecuador a partir de 2017 por un atado de militares y políticos traidores a su pueblo. De ahí que en una entrevista ofrecida al noticiero Televistazo el 25 de octubre de 2022, el entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública y del Estado emuló al polémico senador gringo Bob Menéndez y repitió muy orondo que “el Ecuador no puede enfrentar solo esta batalla”, agregando que “este plan ya se presentó al gobierno de los EEUU, a través de la embajada del Ecuador, al Departamento de Defensa y el Comando Sur” (Noticias Ecuador, 2022). ¿Cuál plan? ¿Aquel plan de conquista orquestado por Washington y consumado por Moreno y Lasso? El ex funcionario de marras, por su insolvencia neuronal, olvidó que en el Ecuador del encuentro neoliberal el Departamento de Defensa de los EEUU planifica, el Comando Sur vigila, la CIA acecha, el FBI gravita, el FMI dicta las reglas del juego y la US Embassy aprieta las tuercas de la descentrada maquinaria estatal.

En 2017 Lenin Moreno Garcés, en su “representación bufa del poder” -según acierto de Galo Mora Witt-, entregó su patria a los designios estadounidenses, disfrazando como asistencia financiera y militar a su traición y servilismo. Sus actos lo condenaron a ser un despreciable paria de por vida. Guillermo Lasso Mendoza no solo que dio continuidad a los desatinos de aquel remedo de gobernante que fue su títere, cómplice y antecesor, sino que quedará para el juicio de la historia su ineptitud para el cargo que ostenta, inocultable neofascismo, porfiada mitomanía y condenables improvisaciones que han arrastrado al Ecuador al crucial momento en que se encuentra.

Entonces, que nadie se sorprenda que el Plan Ecuador esté, a estas horas, a la vuelta de la esquina bajo el postizo membrete de “Ley de Asociación entre Estados Unidos y Ecuador de 2022”. El proyecto ha sido promovido por los senadores republicanos Menendez, Risch, Kaine y Rubio, promulgado por el Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América reunidos al seno del Congreso en Washington D.C. y revisado en febrero de 2023 en Quito por Guillermo Lasso Mendoza a instancias del senador Rubio. Bien lo dijo Eduardo Galeano, “cualquier país que cae bajo la protección de los EEUU termina convertido en cementerio o en manicomio”. El Ecuador actual es ambos. Es, ejecutivamente hablando, el país del ¡ya, qué chucha!

Guayaquil, 28 de febrero de 2023

 

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